En el panorama jurídico de 2026, la relación entre el Estado mexicano y las corporaciones tecnológicas trasnacionales, conocidas como Big Tech (Google, Meta, Amazon, entre otras), ha dejado de ser una simple cuestión de consumo para transformarse en un desafío de seguridad nacional y soberanía. Tras superar la etapa de implementación fiscal —donde las reformas al IVA y el ISR en servicios digitales normalizaron la recaudación—, el país enfrenta ahora dilemas estructurales en materia de competencia económica, derechos humanos y autonomía normativa.
El algoritmo bajo la lupa de la COFECE
El principal frente de batalla se localiza en la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). La autoridad ha intensificado el escrutinio sobre los «ecosistemas cerrados», donde una sola empresa controla la plataforma, el mercado y el sistema de pagos. El reto jurídico reside en el auto-preferenciamiento: la capacidad de los algoritmos para favorecer injustamente los productos o servicios de la propia plataforma sobre los de competidores locales.
En términos legales, esto exige una reinterpretación de los «insumos esenciales». En 2026, los datos masivos y la visibilidad en motores de búsqueda son considerados recursos críticos para la supervivencia de las Pymes mexicanas. La COFECE busca establecer precedentes que obliguen a una transparencia algorítmica sin precedentes, permitiendo auditorías técnicas que aseguren que la competencia sea por mérito y no por diseño de software.
Derechos fundamentales y el vacío legislativo
Paralelamente, el ecosistema digital mexicano enfrenta una crisis de gobernanza respecto a la libertad de expresión y el derecho al olvido. El Artículo 6.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el acceso a la información y la libre manifestación de ideas; sin embargo, no define los límites de la moderación de contenidos privada.
Actualmente, México carece de una «Ley de Responsabilidad de Intermediarios». Este vacío legal otorga a los gigantes de internet un poder cuasi-judicial para eliminar contenido o suspender cuentas basándose en términos y condiciones privados que, a menudo, chocan con el debido proceso. Los tribunales federales están resolviendo esta laguna mediante una «jurisprudencia de retazos», analizando caso por caso si la desindexación de una noticia o la censura de un perfil vulnera el derecho al honor o el derecho a la información.
Hacia un marco regulatorio soberano
La soberanía digital en 2026 implica que México no solo sea un consumidor de reglas extranjeras (como el RGPD europeo), sino un arquitecto de sus propias normas. Los retos inmediatos incluyen:
- Neutralidad de la red: Evitar que los proveedores de internet y las plataformas establezcan «carriles rápidos» mediante el zero-rating de aplicaciones específicas, lo cual distorsiona el mercado.
- Portabilidad de datos: Garantizar que los usuarios mexicanos puedan migrar su historial e información entre plataformas sin barreras técnicas.
- Seguridad y biometría: Regular el almacenamiento de datos sensibles que estas empresas recolectan en territorio nacional.
La conclusión para el gremio jurídico es clara: la defensa de la soberanía ya no se libra solo en las fronteras físicas, sino en la arquitectura del código y en la capacidad del Estado para imponer la primacía de la Constitución sobre los algoritmos.
