La tecnología Blockchain ha dejado de ser exclusiva de las criptomonedas para incursionar en el Derecho Civil a través de los Smart Contracts o contratos inteligentes. Estos son programas informáticos que ejecutan acuerdos automáticamente cuando se cumplen condiciones preestablecidas, sin necesidad de intermediarios.
En el contexto mexicano, la validez de estos contratos encuentra su fundamento en el Código de Comercio (Art. 89) y el Código Civil Federal, que reconocen los acuerdos de voluntad realizados a través de medios electrónicos. El reto actual no es su legalidad, sino su interpretación judicial: ¿cómo puede un juez de lo civil analizar un contrato redactado en código Solidity si surge una controversia?
La ventaja de los Smart Contracts radica en la inmutabilidad y la transparencia. Por ejemplo, en contratos de arrendamiento o de suministros, el pago puede liberarse de forma instantánea al confirmarse la recepción del bien, eliminando la morosidad. No obstante, al ser «autoejecutables», carecen de la flexibilidad humana para interpretar conceptos como la «fuerza mayor» o la «buena fe», lo que requiere que los abogados mexicanos se conviertan en arquitectos híbridos: expertos en leyes y entendidos en lógica de programación.
