Socio Fundador de Ontiveros Alcocer
EL JURISTA DE LA CIENCIA PENAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La trayectoria de Miguel Ontiveros Alonso es una combinación de rigor académico alemán y una práctica jurídica de alto nivel en México. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y con estudios de posdoctorado en la Universidad de Munich bajo la tutela de figuras como Claus Roxin, Ontiveros es considerado uno de los penalistas más dogmáticos y técnicos del país. Su pasado como funcionario público —destacando su labor como Subprocurador de Derechos Humanos en la PGR— le otorgó una visión integral del sistema de justicia, permitiéndole transitar con éxito hacia la práctica privada, donde fundó Ontiveros Alcocer, una firma que se distingue por abordar el derecho penal desde una perspectiva científica y de cumplimiento normativo internacional.
Miguel Ontiveros se ha consolidado como el consultor de referencia para casos que requieren un entendimiento profundo del Derecho Penal Económico y la responsabilidad penal de las personas morales. Su presente está marcado por la defensa de casos de perfil transnacional, donde su red de contactos con la academia y la judicatura europea le permite diseñar estrategias de defensa con estándares globales. Es ampliamente reconocido por su participación en el caso Lozoya, donde implementó la figura del «criterio de oportunidad» bajo un esquema de cooperación procesal, lo que puso a prueba y modernizó la interpretación de esta herramienta en el sistema penal mexicano.
Bajo la dirección de Ontiveros, su firma ha desarrollado una unidad especializada en Ciberdelincuencia y Derecho Penal Digital, anticipándose a los riesgos que la inteligencia artificial y los activos virtuales representan para el entorno corporativo. Su visión a futuro se centra en la «Justicia Restaurativa» y en la profesionalización de las defensas técnicas para evitar juicios paralelos en los medios. Para Miguel Ontiveros, el derecho penal no solo es una herramienta de castigo, sino un mecanismo de equilibrio social que debe aplicarse con absoluta precisión técnica y respeto irrestricto a los derechos fundamentales.