La evolución del trabajo en México ha alcanzado un hito histórico en este 2026. Tras casi una década de ambigüedad jurídica, la batalla legal sobre la naturaleza del vínculo entre las plataformas tecnológicas (Uber Eats, Rappi, DiDi Food) y sus repartidores ha llegado a una resolución definitiva. El sistema judicial mexicano ha desmantelado la narrativa del «socio repartidor» para consolidar la figura del trabajador digital, reconociendo que la autonomía prometida por las aplicaciones era, en realidad, una forma sofisticada de subordinación técnica.
El punto de ruptura con el pasado fue la interpretación evolutiva del Artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Tradicionalmente, la subordinación se entendía como la presencia física y la vigilancia directa de un patrón. Sin embargo, los nuevos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que la gestión mediante algoritmos —que asigna tareas, califica el desempeño, impone rutas y determina tarifas de forma unilateral— constituye una dirección patronal efectiva.
Esta «subordinación algorítmica» implica que, aunque el trabajador elija sus horarios, la plataforma ejerce un control punitivo y directivo a través del software. La justicia mexicana ha sido clara: si una aplicación tiene el poder de «desconectarte» (despedirte) basándose en métricas internas, existe una relación de trabajo que no puede ocultarse tras contratos de mediación mercantil.
El impacto más tangible de este cambio es la obligatoriedad de la seguridad social. A través de la colaboración entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el IMSS, se ha formalizado un régimen específico para este sector. Las plataformas ahora deben realizar aportaciones proporcionales para garantizar que los repartidores tengan acceso a:
- Seguro de Riesgos de Trabajo: Vital en una profesión que se ejerce mayoritariamente en motocicletas y bicicletas en entornos urbanos de alto riesgo.
- Servicios médicos y guarderías: Dignificando la labor de miles de familias.
- Ahorro para el retiro (AFORE) y vivienda (INFONAVIT): Permitiendo que la economía gig genere patrimonio a largo plazo.
Lejos de ahuyentar la inversión, la formalización del sector en 2026 ha traído estabilidad. Al eliminar la incertidumbre jurídica y el riesgo de demandas masivas por reconocimiento de antigüedad, las empresas han podido ajustar sus modelos de negocio hacia una economía colaborativa responsable. El reconocimiento de estos derechos no solo protege al eslabón más débil de la cadena, sino que previene la competencia desleal frente a sectores tradicionales que sí cumplen con sus cargas patronales.
Este avance posiciona a México como un referente en América Latina, demostrando que la innovación tecnológica no debe ser antagónica a los derechos humanos laborales. La justicia, finalmente, está a tan solo un clic de distancia para quienes mueven la economía de las ciudades.
