El divorcio incausado, conocido también como divorcio exprés, es una figura legal que permite la disolución del matrimonio sin la necesidad de argumentar una causa específica, lo que representa un avance significativo en la autonomía y libertad de las personas para decidir sobre su vida conyugal. Sus orígenes modernos se remontan a la reforma del Código Civil español en 2005, que eliminó la obligatoriedad de probar motivos para solicitar el divorcio, facilitando así un proceso menos conflictivo y más respetuoso con la privacidad e intimidad de los cónyuges. En América Latina, México adoptó esta modalidad en 2009, permitiendo que cualquiera de las partes pueda solicitar la disolución matrimonial sin alegar una causa, siempre que haya transcurrido al menos un año desde la celebración del enlace. Esta tendencia ha marcado una transformación en la percepción social del matrimonio y del derecho a decidir sobre la continuidad o finalización de una relación de pareja.
El marco legal del divorcio incausado varía según la jurisdicción, pero en términos generales, se caracteriza por la simplificación de los requisitos y procedimientos. En España, la Ley 15/2005 y la reforma del Código Civil establecieron que bastan tres meses de matrimonio para solicitar el divorcio, sin importar el acuerdo o desacuerdo de la otra parte. En México, la legislación exige al menos un año de matrimonio antes de poder iniciar el proceso, y el Código Civil regula los procedimientos aplicables en cada estado. Tanto en España como en México, la presencia de hijos menores o dependientes implica la intervención del Ministerio Fiscal para garantizar la protección de sus derechos, y la figura del abogado es obligatoria en todos los casos, asegurando así que el proceso se lleve a cabo conforme al marco normativo y con garantías para ambas partes.
Existen dos tipos principales de divorcio incausado: el de mutuo acuerdo y el contencioso. En el primero, ambos cónyuges manifiestan su voluntad de poner fin al matrimonio y presentan conjuntamente una propuesta de convenio regulador, lo que agiliza el procedimiento y reduce los costes y los posibles conflictos. En el caso del divorcio contencioso, uno de los cónyuges solicita el divorcio sin el consentimiento del otro; aunque no es necesario justificar una causa, el proceso puede ser más largo y complejo, ya que será un juez quien decida sobre las cuestiones relativas a la custodia de los hijos, la pensión alimenticia y la división de bienes. En ambos casos, la ley exige la presentación de documentos que acrediten la identidad de los solicitantes, el tiempo transcurrido desde el matrimonio y, cuando corresponde, la propuesta de convenio regulador.
El convenio regulador es un elemento clave en los procesos de divorcio incausado de mutuo acuerdo, ya que en él se establecen las condiciones para la custodia de los hijos, el régimen de visitas, la pensión alimenticia y la distribución de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Este documento debe ser aprobado por el juez o notario, quien verificará que no se vulneren los derechos de ninguna de las partes ni de los menores implicados. La claridad y el detalle en la redacción del convenio regulador son esenciales para evitar futuros conflictos y garantizar la estabilidad de las relaciones familiares tras el divorcio. En caso de desacuerdo respecto al contenido del convenio, el proceso pasa a ser contencioso y será el juez quien resuelva las controversias, priorizando siempre el interés superior de los menores y el equilibrio patrimonial entre los excónyuges.
Entre las ventajas del divorcio incausado destacan la rapidez y la simplicidad del procedimiento, la reducción de conflictos al eliminar la necesidad de alegar causas, y el respeto por la privacidad de los cónyuges. Sin embargo, también presenta ciertas limitaciones y desafíos, como la posible resistencia cultural en entornos donde el divorcio sigue siendo estigmatizado, o la aparición de disputas en torno a la custodia de los hijos y la división de bienes. En lugares como Monterrey, México, la implementación del divorcio incausado ha permitido a muchas parejas resolver su situación con mayor agilidad, aunque las diferencias en los plazos y requisitos entre México y España pueden influir en la experiencia de los solicitantes. En el plano social y psicológico, el divorcio incausado ha facilitado la aceptación de nuevas formas de familia y ha contribuido a la desestigmatización de la separación, fortaleciendo el derecho individual a decidir sobre la propia vida y promoviendo una cultura de respeto y autonomía personal.
